Declaratoria
El Gran Chaco: una región estratégica para la sociedad, el ambiente y la economía
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El Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa de Sudamérica después de Amazonas, ocupando 11 de las 23 provincias argentinas. Está conformado por una amplia diversidad de hábitats y culturas por lo que es un soporte vivo de un entramado biológico, social y productivo que genera arraigo en el territorio e identidad propia. Asimismo, gracias a los servicios ecosistémicos que provee, esta ecorregión contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático y la regulación hídrica, y da sustento a la vida de las comunidades locales, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Es por ello que constituye un patrimonio estratégico tanto para sus habitantes como para el país y la región.
La ecorregión chaqueña tiene una capacidad productiva positiva para los habitantes del territorio y del país. Su importancia se debe a las oportunidades que el conjunto de sus características ofrece para un desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, los bienes comunes y los servicios ecosistémicos asociados que provee son finitos y requieren de un uso consensuado y planificado, distinto al actual.
A pesar de su gran valor, el Gran Chaco es una de las regiones boscosas más amenazadas del planeta, principalmente por el cambio de uso del suelo para producción agropecuaria y forestal y negocios inmobiliarios, causando deforestación, degradación de sus ambientes naturales, desplazamiento y empobrecimiento de las comunidades indígenas y pérdida del patrimonio cultural. En Argentina ya hemos perdido más del 30% de los bosques chaqueños. Entre 2007 y 2017, a pesar de contar con la Ley de Bosques Nativos, perdimos cerca de 3 millones de hectáreas en la ecorregión, equivalente a la superficie de Misiones o 34 canchas de fútbol por hora. Con solo el 5,23% de la región del Chaco argentino bajo protección legal (de las cuales escasas están efectivamente protegidas), el resto de las áreas naturales se encuentran altamente amenazadas. Su lugar marginal en la agenda pública y la del sector productivo no guarda correspondencia con la envergadura de la situación crítica que atraviesa la ecorregión, y por ende el país.
El cambio de uso de suelo en la ecorregión afecta a las comunidades locales, el país y el mundo
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La deforestación ilegal, la degradación del monte y el cambio de uso de suelo sin control impactan conjuntamente en distintas dimensiones al Gran Chaco, al país y la región.
La transformación y degradación de áreas naturales tiene implicancias de alta complejidad ambiental. Por un lado, la pérdida de flora y fauna y de su conectividad aumenta el riesgo de extinción de especies como es el caso del Yaguareté, de la cual solo conservamos 20 ejemplares en el Gran Chaco. Asimismo, la disminución de los servicios ecosistémicos dado, por ejemplo, por el ascenso de napas freáticas y la salinización de suelos, afecta negativamente la productividad agropecuaria en la región y sobre la economía local. La pérdida de reservas de carbono pone en peligro la resiliencia de los sistemas agrícolas en el Gran Chaco argentino siendo más vulnerables a los efectos del cambio climático. La agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representan el segundo sector respecto a emisiones de gases de efecto invernadero en el inventario nacional (con un 39% de participación). En particular, la conversión de tierras forestales en cultivos y en pastizales a nivel nacional aportan el 14%.
Respecto a la dimensión social, el desplazamiento de las comunidades que habitan los bosques impacta negativamente sobre su modo de vida y sus ingresos, ya que están sometidos a perder sus fuentes de trabajo y afrontar los costos de las reubicaciones. Por ejemplo, las comunidades locales se ven imposibilitadas a producir bienes provenientes del Bosque Nativo, como artesanías, miel, frutos del bosque, tinturas naturales, leña en blanco, carbón sustentable, fibras naturales, entre otros. Debido a los impactos antes mencionados, la identidad cultural y formas de reproducción social de las comunidades se debilita dada la fragmentación de sus miembros y de la ruralidad. De esta manera, los ingresos que brinda la producción sobre los desmontes redundan en una distribución desigual de dicha riqueza. Un ejemplo de ello son las inundaciones causadas por las lluvias de enero y abril de este año, donde en la provincia de Chaco, se evacuaron más de 2.400 personas. En esa línea, los derechos humanos de las comunidades y de los habitantes del país se vulneran, incluyendo entre otros a los derechos de acceso a la salud y a un ambiente sano.
En términos económicos, la actividad agropecuaria aporta al Producto Bruto Interno, a la generación de empleo y recursos públicos, pero al mismo tiempo, el modelo productivo también genera efectos negativos dado que el costo de oportunidad de conservar es muy alto, incentivando la producción insostenible. Las inundaciones y sequías implican costos tanto por producción evitada como por daños sobre las personas y materiales y los efectos se sienten tanto a nivel local como nacional. En 2017/18, una severa sequía afectó al Centro y Norte de Argentina, ocasionando pérdidas de más del 35% en la cosecha de soja. Como consecuencia, las pérdidas en cuanto al ingreso de divisas por exportaciones fueron estimadas en US$ 8.000 millones, en tanto que la caída global en actividad económica argentina se estimó en US$ 5.900 millones (0.9% del PBI). En enero del 2019 se estimó una pérdida de US$ 2.200 millones por las inundaciones en la provincia del Chaco.
De esta manera, compatibilizar la protección de los ecosistemas del Gran Chaco argentino con las estrategias de desarrollo del país, resulta necesario para garantizar la viabilidad a largo plazo del sector agropecuario en esta región.
El cambio de modelo de explotación requiere la acción de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil organizada
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Detener la conversión de ambientes en el Gran Chaco posibilitará que Argentina logre un desarrollo sostenible e inclusivo. Para su logro, precisamos el compromiso de toda la sociedad. Es por ello que exhortamos al Estado, en todos sus niveles, al sector privado y a la sociedad civil a accionar urgentemente.
Estado
La Argentina cuenta con un poderoso instrumento en la Ley 26.331 de Bosques Nativos, pero su implementación efectiva requiere de ajustes. Para ello, el Estado debe garantizar:
- Una mejora en el control y la fiscalización de la Ley.
- Recursos económicos a la altura de los desafíos, y con arreglo al mandato legal. En 2019 se asignaron solo el 4,5% de los recursos presupuestarios establecidos por la Ley de Bosques Nativos.
- Procesos participativos en los Ordenamiento Territoriales de Bosques Nativos, basados en información pública fidedigna y oportuna, haciendo foco en la difusión de los objetivos de la Ley.
- Respaldo jurídico al acceso y a la tenencia de las tierras comunitarias.
- Creación de fiscalías ambientales que incluyan la participación ciudadana a través de mecanismos de control social en todas las provincias de la región chaqueña.
- Aplicación de las sanciones por incumplimiento y multas fiscales con sumas que resulten efectivas para quienes infringen la Ley.
- Terminar con incentivos perjudiciales, con arreglo a compromisos internacionales asumidos por el país (Meta de Aichi 3), por ejemplo: Ley provincial 10467/17 que creó el “Plan Agroforestal” en Córdoba que promueve la reforestación con especies exóticas, en una visión de favorecer la forestación industrial, sin fomentar fuertemente las nativas y sin planificación con visión de restauración ecosistémica o incentivos económicos en este sentido.
- Complementar la Ley de Bosques con otras leyes faltantes: de emergencia territorial, de Presupuesto Mínimos de agroquímicos, de Presupuestos Mínimos de Humedales, de agricultura familiar, de trazabilidad de la producción agropecuaria, de Presupuestos Mínimos de Áreas Protegidas, de Ordenamiento Ambiental del Territorio y de Titulación y Arraigo Rural.
- Incremento de la superficie de áreas protegidas, en al menos un 17% de la superficie total del Gran Chaco, en línea con la Meta 11 de Aichi, o el porcentaje a determinarse próximamente en el marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020, y con un foco en la gestión efectiva de las mismas.
- Restauración de ambientes degradados y reforestación con especies nativas y control de especies exóticas.
- Implementación de corredores interprovinciales.
- Desarrollo de alternativas productivas orientadas hacia una transición agroecológica, adaptadas localmente, conforme la aptitud de los ecosistemas alcanzados, y teniendo en cuenta las necesidades particulares de culturas originarias y de los pequeños productores.
- Fortalecimiento de la educación ambiental formal e informal, y focalizada en transiciones productivas.
- Inclusión y promoción de turismo gestionado por comunidades locales como actividad productiva.
- Cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales asumidos (Convenio sobre la Diversidad Biológica, Acuerdo de Paris de Cambio Climático, Acuerdo de Escazú sobre derecho de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, Convención de las Naciones de Lucha contra la Desertificación, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, entre otros)
Sector Privado
El sector privado (empresas, bancos, minoristas, supermercados, entre otros) tiene un importante papel que desempeñar en la protección de los bosques y ecosistemas en el Gran Chaco argentino. En ese sentido los interpelamos para que:
- Cumplan estrictamente con la normativa vigente, en especial la Ley de Bosques, Nativos y exijan el cumplimento a los actores de su cadena de valor.
- Eviten la deforestación y conversión de ecosistemas, priorizando el mejor aprovechamiento de las áreas ya transformadas (dentro del marco legal), incorporando tecnologías de proceso que reduzcan impactos negativos socio-ambientales.
- Garanticen la trazabilidad de los productos en toda su cadena de valor.
Organizaciones de la Sociedad Civil
Las organizaciones de la sociedad civil consideramos que debemos:
- Construir una agenda común de estrategia política a escala nacional.
- Participar en el monitoreo y control de políticas públicas.
- Ampliar nuestras conexiones para aliarnos con nuevos movimientos y organizaciones con causas comunes a las nuestras (como las agrupaciones juveniles), a fin de consensuar una agenda política común.
- Aumentar la presencia en medios masivos.
- Aportar conocimiento a los sectores público y privado sobre innovación para la conservación de biodiversidad al estado y empresas.
- Adherir, difundir y hacer uso para el cambio del “Compromiso Gran Chaco Argentino 2030” como parte de una estrategia amplia de incidencia política.
Ciudadanía
A la ciudadanía en general le pedimos:
- Adherir al “Compromiso Gran Chaco Argentino 2030”.
- Mejorar las prácticas de consumo en base a información fidedigna.